Para el Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud (IDIPRON), esta vía de hecho es una usurpación de un bien de la ciudad, afecta la prestación del servicio público a los ciudadanos y se constituye en un constreñimiento ilegal. Por lo anterior, la entidad distrital presentó denuncia ante la Fiscalía General de la Nación con el fin de que se realice la investigación pertinente y se recupere la administración del bien público.
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La acción irregular afecta el acceso al trabajo de jóvenes en condición de vulnerabilidad que hacen parte del programa pedagógico de IDIPRON y que gracias a los convenios interinstitucionales lograron obtener su primer empleo.
En la denuncia a la Fiscalía, el IDIPRON solicita que se garantice la seguridad de los jóvenes que prestan el servicio en los baños públicos y que se reactive el diálogo interinstitucional, con el acompañamiento de autoridades competentes, con el fin de evitar que se presenten hechos similares.
En el momento de la toma, los miembros de la comunidad indígena y de las organizaciones campesinas adujeron que hasta que haya una negociación con el Gobierno Nacional asumirán el control de los baños públicos.
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